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A pesar de ser una carga pública, el Poder judicial le abona a cada ciudadano que participa efectivamente una compensación económica por los gastos de su participación. Esa compensación la fija anualmente el Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, y en caso de ser necesario, podrán también ser reconocidos los gastos de alojamiento, transporte y manutención en forma inmediata.